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¿Cuál la situación de la e-factura en Rumanía?

La factura electrónica ha tenido una buena acogida en la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea, sin embargo, Rumanía parece ser una excepción. Desde un primer momento, el país balcánico ha sido un tanto escéptico en relación a la implementación de la e-factura en las contrataciones públicas y, a día de hoy, todavía no existe una ley que haya transpuesto la Directiva 2014/55/UE.Factura electrónica Rumanía

No obstante, la factura electrónica se encuentra legislada a través del Código Fiscal de 2015, vigente desde el 1 de enero de 2016, y sus Reglas de Implementación aprobadas por la Ley 227/2015. Estas normativas se complementan con la Ley 455/2001 en relación a la firma electrónica y la Ley 135/2007 en relación al archivo de documentos.

El organismo encargado de supervisar la implementación de la factura electrónica en las contrataciones públicas es el Ministerio de Finanzas. Puesto que actualmente no hay ninguna solución de facturación centralizada, los operadores económicos tienen la libertad de elegir tanto el formato como la plataforma que deseen para enviar facturas electrónicas a los poderes adjudicadores.Ministerio de Finanzas Rumanía

Infracción de la Directiva Europea 2014/55/UE

El pasado mes de junio, la Comisión Europea envió cartas de emplazamiento a 12 Estados miembros (Chipre, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Lituana, Luxemburgo, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y España) que todavía no habían transpuesto las normas de la Unión Europea sobre facturación electrónica en la contratación pública (2014/55/UE). Según establece la Directiva, desde el pasado 18 de abril, las autoridades públicas centrales que llevan a cabo actividades de contratación pública en la Unión Europea ya deberían haber cumplido con la norma en materia de facturación electrónica y, por consiguiente, deberían tener capacidad para recibir y tramitar facturas electrónicas.

Tal y como queda dictaminado en la carta, Rumanía dispondrá de dos meses para responder a las alegaciones presentadas por la Comisión. De no hacerlo, Europa podría optar por enviar un dictamen motivado.

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